La razón policíaca: un “censo” en territorio enemigo

SURda

Notas

Opinión

Ernesto Herrera

 

La Policía podrá sumar e innovar mecanismos de represión al delito. Algunos volverán a fracasar. Otros resultarán “eficaces”. Conformando a esa ciudadanía que demanda "seguridad". Habrá más presos y presas. Pero el "desprecio social" seguirá reproduciéndose, a la misma velocidad que se reproduce el empobrecimiento de la clase trabajadora.

Tremendo. Si no se los derrota, “ellos”, los “marginados”, serán mayoría en la sociedad. Y entonces el delito habrá ganado. Pisoteando así la fantasía progresista de “inclusión social”. El mapeo lo dibujó el director nacional de Policía, Mario Layera, uno de los principales encargados de velar por la seguridad ciudadana, la de “nosotros”, los “integrados”. (1)

Sicarios del narcotráfico y lumpenes-consumistas. Violentos “sin códigos de conducta”. Ladrones oportunistas. Adolescentes “infractores”. Roban y matan. Invaden el espacio público, “favelizan” barrios y asentamientos. Anidan donde abundan las “necesidades básicas insatisfechas”. Son la tropa de choque del “crimen organizado”. Irrecuperables.

Como si hablaran en chino

El jefe policial conoce muy bien las causas socio-económicas. Por eso, no solo muestra afán de vigilar y castigar. Usa más la palabra social que delito. Se muestra sensible. Porque en ese mundo devastado, “es más eficiente un trabajador social que un policía”. Aunque para “prevenir”, recomienda “demoler” el complejo habitacional Unidad Misiones, más conocido como "Los Palomares”, en el corazón del barrio Casavalle, madriguera de maleantes de todo pelo.

Critica el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), demasiado “benevolente” con los delincuentes. Exige romper la “compartimentación” de datos para facilitar “tareas de investigación” de largo plazo (acciones de espionaje, pago a informantes). Para “saber cuántos estudian, cuántos trabajan, cuántos están registrados en el BPS (Banco de Previsión Social) y podemos saber cuántos están afuera del sistema”. Quiere que el MIDES (Ministerio de Desarrollo Social) abra la información que protege los derechos de personas y hogares.

Reclama mayores garantías y atribuciones para la institución represiva. Porque está “confundida”. Dando a entender que sus efectivos vacilan a la hora de apretar el gatillo. Lo que es una total hipocresía si recordamos -entre otros crímenes de Estado- a los jóvenes ejecutados por la Policía en el Marconi, Santa Catalina, Peñarol, Casavalle. Es decir, en los “barrios de mala fama”.

Convengamos, “el jerarca exagera”. Hasta cuando pronostica un escenario similar a El Salvador y Guatemala, dos de los países más violentos del planeta, donde el Estado fue “superado” por las bandas criminales.

No obstante, el mensaje tiene utilidad. Objetivos inocultables. Romper la “anomia social” que, según él y otras autoridades de gobierno, reina en amplias capas de la sociedad. Generar opinión a favor del miedo a “ellos”, los “marginados”. Porque de eso se trata. Saber que el país de “clase media”, supuestamente “igualitario y solidario”, está cercado por una “sociedad paralela” que desobedece todas las leyes del orden establecido. Que amenaza sus normas más básicas: “paz social“ y “convivencia pactada”. Dos reglas que, por ejemplo, los aparatos sindicales saben cuidar.

Layera lo define como choque cultural latente. Por un lado, “una sociedad que tiene un lenguaje común, una cultura común”. Por el otro, “sectores a los que no les entendés las palabras, ya tienen otro idioma, tenés que preguntarles que están diciendo. Es como si hablaran en chino”.

Para el jefe policial la “decadencia” tiene domicilio fijo. “Todo empieza en las cárceles. Hay una transmisión de conocimiento con mucha maldad”. Una apreciación inocente, como si no le cupiera alguna responsabilidad funcional. O como si no se supiera que esas “escuelas del delito” están bajo la órbita directa del Ministerio del Interior que comandan, por su orden jerárquico, el tupamaro Eduardo Bonomi, el hermano del presidente de la República, Jorge Vázquez, y el mismísimo director Mario Layera.

A poco de las falaces declaraciones, una visión contrastante. El Comisionado Parlamentario, Juan Miguel Petit, presentaba el estado de situación en los llamados “centros de reclusión y rehabilitación”. Allí donde están hacinadas más de 11 mil personas (hombres y mujeres), de los cuales 62% tiene menos 29 años.

El informe da cuenta que Uruguay es uno de los países con mayor número de presos y presas por habitante, ocupando el lugar 28 en 222 países. Que 47 personas murieron en las cárceles en 2017: 18 asesinatos, 10 suicidios y 19 muertes “no violentas”. Detrás de todas las muertes, si se estudia su contexto (social, económico, familiar, educativo), señala el documento, “suelen encontrarse carencias, omisiones o irregularidad a cuenta del Estado, por acción u omisión. Por eso el Estado debe allí ser el primero en auto-investigarse, para deslindar responsabilidades, cosa que no siempre ocurre de forma debida, ni a nivel administrativo ni judicial”. El aumento de presos sin condena llegó al 69.2%. Además de las condiciones inhumanas de “privación de libertad”, un 30% de personas encarceladas “sufren maltratos o tratos crueles” (es decir, torturas) y solo el 25% accede a planes de “integración social”. La reincidencia se mantiene en el 60%. Los analfabetos se ubican entre un 10 y un 20%. Y el analfabetismo: “Es un evidente obstáculo para el desarrollo de todos los derechos. Siendo el objetivo de la privación de libertad la integración social, se vuelve una insólita paradoja que dentro del propio Estado no exista una intensiva atención a este problema (…) Es alarmante la cantidad de analfabetos que existe en el sistema penitenciario. No saber leer y escribir o hacer cuentas es una carencia que compromete la relación con los demás, empobrece el universo simbólico, anula las 100 posibilidades laborales y de reinserción social”. (2)

Espantosa fotografía. Que, sin embargo, no amilana el ímpetu punitivo en sectores de la sociedad (incluidos trabajadores y pobres) que exigen aumento de las penas y más gente encarcelada. O tanto peor. Una encuesta de la empresa Opción Consultores, que se dio a conocer recientemente, confirma, punto más, punto menos, la tendencia que ya han venido marcando otras: 74% de los consultados quieren que los militares “colaboren” con la Policía, es decir, que salgan a la calle para “combatir el delito”. Lo revelador, en todo caso, es que el 54% de los que se “autodefinen de izquierda”, también se muestra favorable a esa propuesta.

Mientras tanto, se suceden las marchas, barricadas y cortes de rutas en diferentes zonas del país, donde algunos millares de personas, angustiadas e indignadas, protestan contra el bandidaje que anda suelto. Reaparece la figura del “brigadista justiciero”, se organizan “rondas vecinales” para vigilar, denunciar, y se efectúan “arrestos ciudadanos” en plena vía pública para sustituir la “ausencia de autoridad del Estado”.

Las declaraciones del ex director de la Brigada Antidrogas, impactaron. “Cayeron en cascada”. Sacudieron el avispero político. Volvieron a colocar la “inseguridad pública” como tema excluyente. Hubo reproches de operadores judiciales (jueces, fiscales, abogados) y tímidos pedidos de renuncia desde la orgánica del Frente Amplio. También amplios respaldos. De la derecha que exige mano pesada, por supuesto. Del gobierno, listo a implementar una “nueva estrategia de seguridad pública”. El lunes 21 de mayo, Tabaré Vázquez lo refrendaba en una reunión con vecinos del balneario San Luis, departamento de Canelones: “El gobierno se compromete a enfrentar con la mayor dureza la delincuencia en todo el territorio nacional”. (3)

Sin embargo, como afirma el sociólogo Luis Eduardo Morás: “no hay nada nuevo” en el discurso catastrofista del jerarca policial. Coincide con lo que dice el Ministerio del Interior desde 2010. “Tiene puntos que permiten ver una mirada más compleja, pero que luego se contradicen entre sí. Desde 2010 el Ministerio del Interior cambió su discurso y nos anuncia cosas gravísimas, nos dice que van a venir las maras, que se vienen las mafias serbias, que el Primer Comando de la Capital (4) iba a controlar las cárceles, que el poder de fuego de los narcos supera al de la Policía…Para no llegar a la misma realidad que El Salvador lo primero que hay que hacer es no aplicar las políticas salvadoreñas”. En todo caso, recalca Morás, “un país como Uruguay tiene que mirar el tema de la inclusión social con sentido estratégico. Eso está faltando. Es estratégico hacer una fuerte inversión en políticas sociales urbanas para recuperar el tejido en varias zonas de Montevideo que nunca accedieron a los derechos de la ciudadanía. Pero como sociedad decimos que no, que no tenemos por qué solucionar el tema de los pobres”. (5)

El gobierno del Frente Amplio confirmó que su perspectiva es otra. Optó por la razón policíaca. Sin demoras. Ya propuso modificaciones en el nuevo CPP y decidió poner fin a la “compartimentación”. Las causas sociales no se niegan. Se “reforzaran” las políticas asistenciales focalizadas. Pero la única “respuesta urgente y eficaz”, pasa por “firmeza, trabajo en equipo, coordinación y poner todas las herramientas estatales al servicio del combate a la delincuencia”. La receta fue planteada por el Jefe de Estado y estará bajo su mando directo. Habrá más dinero para nuevos policías y fiscales. (6) Mientras tanto, maestros y profesores hacen huelga y se movilizan para conseguir el 6.5% en el presupuesto de educación. Como si los 13 años de progresismo no hubieran ocurrido.

Los educadores deberían saberlo. Lo urgente, para el gobierno, es la higiene social. La primera medida en tal sentido ya tuvo lugar. En el Casavalle, escondrijo de personas en “conflicto con la ley”.

Operación de guerra

Cuenca del Casavalle. Una emblemática “zona roja”. De clase trabajadora. A escasos cuarenta minutos del centro de Montevideo. Más de 180 mil personas habitan en esa periferia urbana que abarca el Municipio D. La intoxicación mediática amplifica el pánico ciudadano. Sinónimo de barrios donde prevalecen “ellos”, los “marginados”: Borro, Marconi, Padre Cacho, Cantera, Milleniun, Municipal, Gruta de Lourdes, Lavalleja, 40 semanas. Allí se concentran los peores índices socio-económicos del país: pobreza infantil, desempleo juvenil, embarazo adolescente, “desafiliación educativa”, segregación habitacional, empleo “informal”, mayor tasa de homicidios.

Curiosamente, una de las zonas donde el progresismo realizó más inversión en políticas asistenciales. Policlínicas, plazas, centros recreativos. Allí viven gran parte de los “beneficiarios” que reciben los planes de emergencia social del MIDES. Lejos de la “autoexclusión” y la “marginalidad”, se trata de una población solidaria, amigable, participativa. Con innumerables grupos musicales juveniles. Alcanzaría con ver la creatividad de sus grafitis y murales callejeros para comprobar la dimensión de una arraigada cultura popular. O ver las actividades en el Complejo Municipal SACUDE (Salud, Cultura, Deporte), donde concurren miles de niños y adolescente, jóvenes y adultos. O percibir la compañera vocación de maestras y maestros en la escuela Rumania, símbolo del barrio Municipal. Igual distinción les cabe a las/os educadoras/es del liceo Jubilar, iniciativa católica-privada.

Sin embargo, las “vulnerabilidades” no ceden. El 43% de las familias se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza. Es decir, el mismo número que había en el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) cuando la “bonanza económica” había reducido el desempleo a menos de 5%. Las causas son evidentes y nada tienen que ver con una supuesta “cultura de la pobreza” que encierra y diferencia. Resultan de la pobreza producida artificialmente en virtud de las relaciones modernas de producción, según la fina observación de Marx en “Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel”. La mayoría de los/as trabajadores/as del Casavalle integran el “ejército de reserva” reciclado en la miseria social y la precariedad laboral: changas de construcción y jardinería, venta ambulante, supermercados, comercios minoristas, empresas privadas de seguridad, tercerizadas de limpieza, servicio doméstico, clasificación de basura. O sea: fuerza de trabajo “sin formación” con poco más de un salario mínimo mensual.

No es que el gobierno desconozca esa realidad. Por el contrario, sabe que es un producto genuino de su programa económico. Aunque su respuesta a “los problemas de inseguridad pública” continúe alentando el “populismo punitivo” que viene de capas sociales cada día más conservadoras. Independientemente de sus afiliaciones políticas e ideológicas. Por eso vale la explicación de Luis Eduardo Morás: “El delito es interpretado desde la ausencia de normas, la crisis de valores y la “lumpenización” de la sociedad. Los nuevos delincuentes ya no tienen “códigos”, es decir, no hay mediaciones entre sus conductas y sus consecuencias. El buen salvaje ha devenido en mal salvaje, en un sujeto que no tiene redención”. (7)

Tal cual lo había anunciado, el gobierno disparó un “shock” contra el narcotráfico. Bajo la mirada atenta de Tabaré Vázquez. Atacando la principal madriguera del “mal salvaje” en el complejo Los Palomares. (8) Camuflado en un “censo” de población, incursionó en territorio enemigo. Con armas de guerra.

Sábado 23 de junio, muy frío, temprano en la mañana. Con el sociólogo Gustavo Leal, coordinador del Ministerio del Interior y militante del Movimiento de Participación Popular a la cabeza, comenzaron a ingresar los policías y bomberos por los angostos pasajes y a golpear puertas. Decenas de efectivos de la Guardia Republicana (policía militarizada) armados a guerra y con vehículos blindados daban seguridad a los 182 encargados de “censar” un barrio que el gobierno prevé “demoler” en cuanto le sea posible. En algunas casas, dicen las crónicas periodísticas, los habitantes estaban afuera, en otras hubo que insistir.

“Cada cuestionario llevó entre 15 y 20 minutos de conversación (…) En total se pudieron relevar 98% de los hogares (540 viviendas) ninguna de las familias se negó a ser entrevistada y las 11 que no pudieron ser censadas no se encontraban en sus casas”. Leal agregó que todo se realizó con total calma y sin inconveniente alguno”. Esas familias a las que no pudieron entrevistar “deberán presentarse lunes, martes o miércoles de la semana entrante en la Comisaría 17 para poder responder el formulario y coordinar el día que se hará la revisión edilicia de sus casas”. (9)

“Los policías llevaban las planillas con los cuestionarios y eran orientados por integrantes del Programa de Convivencia y Seguridad Ciudadana. A los vecinos de Los Palomares se les consultó sobre la conformación de su familia, la relación de propiedad con la vivienda (si eran inquilinos, ocupantes con o sin permiso o propietarios), el acceso a los servicios de salud y la prevalencia o no de ciertas enfermedades, como la tuberculosis. A su vez, se les consultaba sobre los problemas que podían tener en los hogares y se revisaba toda la vivienda para relevar la condición en la que se encontraba”. (10)

En el operativo, participaron 440 personas y fueron 54 equipos con 182 funcionarios pertenecientes a la Dirección Nacional de la Educación Policial, Dirección Nacional de Bomberos, Programa de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Programa de Mejoramiento de Barrios del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Dirección General de Salud del Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Social e Intendencia de Montevideo. En plena coordinación, sin “compartimentos”, tal cual la propuesta del jefe Mario Layera.

Algunos testimonios registran los dramas de un “barrio carenciado”, bajo el reflector acusatorio del estigma socio-económico y socio-cultural.

“Belén es la tercera generación de su familia en Casavalle. "Yo me quedaría en el barrio si sacan a los narcos, el resto está bien", aseguró la joven a El País.

“Gladys no quiere perder su vivienda. Llegó al barrio de la mano de su madre cuando tenía seis años de edad. Pasaron cuatro décadas y todo cambió. "Acá se crio toda la familia, uno de los pasajes es todo nuestro. Fuimos comprando de a poco. Yo le regalé una casa a mi hija, después me compré una para mí, pagué $ 110.000". (U$S 3.700) La vecina confirmó que en Unidad Misiones nadie paga las facturas de UTE (electricidad) y OSE (agua). De hecho, ella nunca pagó por esos servicios. "Nosotros queremos pagar. Una vez vinieron a preguntar por la luz y el agua, nunca más aparecieron", dijo.

“José dijo estar muy enojado con el censo y la eventual demolición del complejo. Nació y se crio en el lugar. Su padre, un hombre de 78 años de edad, vive en una de las viviendas de la Unidad Misiones. Parado dentro de la Plaza de Convivencia del barrio Casavalle, el hombre se preguntó para qué se gastó "tanta plata" en ese espacio público "si la idea era demoler todo esto". Luego se dirigió al presidente y el ministro del Interior, les pidió que no se presenten en el barrio en la campaña electoral. "Tabaré Vázquez no vino porque sabía que iba a ser rechazado. Y es mejor que no venga, vaya a hacer política a otro lado. Nos cansamos", dijo. Consultado sobre los motivos que llevaron a dilatar durante cuarenta años una solución para el barrio respondió: "porque está todo podrido". (11)

La reflexión de José es pertinente. También. Porque los 13 años de “gobierno de izquierda” no rompieron la lógica de “gueto urbano” ni los niveles de hacinamiento y tugurización de Los Palomares. Ni mejoraron la calidad ambiental ni las condiciones socio-económicas de sus habitantes. Ninguno se benefició de las “soluciones habitacionales” que prometió Mujica en 2010 para “los más humildes”. De las 15 mil viviendas del Plan Juntos, apenas se construyeron menos de 3 mil. Mientras que durante su gobierno (2010-2015), se exoneró de impuestos a las grandes empresas constructoras: plan de vivienda de “interés social” para la “clase media”…y la especulación inmobiliaria.

Un día después del operativo en el Casavalle, la tupamara Lucía Topolansky, senadora y vicepresidenta de la República, dijo que el “censo” en Los Palomares tenía la intención de “sanear la zona” debido a "los desalojos que ha hecho la gente del narcotráfico". Remarcó la necesidad de saber cuántos viven y quienes son para considerar "el conjunto de la trama urbana" y “sanear la zona” , dado que "si tengo calles donde puedan pasar un ómnibus, la Policía y una ambulancia le dificulto la cosa al quiere una trama entreverada para esconderse". (12) Coherente con la razón policíaca, resumía la postura del gobierno: disciplinar a la fuerza.

Hasta el momento, ninguna reacción en el Frente Amplio. La prioridad es la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile. Tampoco en las instituciones y colectivos de derechos humanos. Ni en los aparatos sindicales que aluden defender a los trabajadores pobres. El consenso socio-político respecto a la “inseguridad pública”, sumado a la distracción futbolera por la Copa del Mundo en Rusia, hacen que esta operación de guerra contra “ellos”, los “marginados”, sea vista como una noticia más de crónica policial.

Lo cierto, es que el “censo” juega como nuevo experimento de laboratorio y se podrá repetir en otras “zonas rojas”. No se trata de “tolerancia cero”, sino de algo igual de perverso: intolerancia selectiva. Con destinatarios precisos: los jóvenes y trabajadores más empobrecidos. Aquellos que jamás pasan por acto o local alguno del “movimiento sindical”. Que no hacen paros, ni se sientan a negociar con los patrones. Su “lucha de clases” transcurre por otros carriles: sobrevivir y desobedecer. Ese es su “programa”.

En este morboso paisaje, el delito seguirá disociado de las causas sociales reales. Se entiende. Lo contrario sería reconocer no solamente el estado de crisis de las políticas asistenciales, sino las consecuencias destructivas que produce el programa económico que el Frente Amplio pactó con las instituciones financieras internacionales y con las corporaciones patronales. Por eso, su estrategia de orden público va de la mano con el orden del capital. Valdría recordarle aquella (y tan vigente) definición de Engels: "Y cuando la pobreza del proletariado crece al punto de privarlo de sus medios necesarios de sobrevivencia, cuando desemboca en la miseria y en el hambre, crece más la tendencia al desprecio por todo el orden social (.) "El desprecio por el orden social se manifiesta con mayor claridad en su extrema expresión, el crimen". [13]

La Policía podrá sumar e innovar mecanismos de represión al delito. Algunos volverán a fracasar. Otros resultarán “eficaces”. Conformando a esa ciudadanía que demanda "seguridad". Habrá más presos y presas. Pero el "desprecio social" seguirá reproduciéndose, a la misma velocidad que se reproduce el empobrecimiento de la clase trabajadora.

Montevideo, 25 de junio 2018.

Notas

1) Ver entrevista completa realizada por Gabriel Pereyra, El Observador, 12-5-2018: https://www.elobservador.com.uy/un-dia-los-marginados-van-ser-mayoria-como-los-vamos-contener-n1230914

2) Resumen del informe, Montevideo Portal, 18-5-2018.

3) Citado por Mauricio Pérez, artículo Presos del Miedo, Brecha, 25-5-2018.

4) Se refiere a la organización mafiosa originada en San Pablo, y que cuenta con miles de miembros en las principales cárceles de Brasil.

5) Entrevista en Brecha, 18-5-2018.

6) La seguridad toma un giro con Presidencia al mando, artículo de Pablo S Fernández, El País, 23-5-2018.

7) “Los enemigos de la seguridad. Desigualdades y privación de libertad adolecente”, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2016

8) Los Palomares cuenta con viviendas repartidas en edificaciones de dos plantas, fueron construidas en la década de 1970 como solución provisoria cuando empezaban a formarse rancheríos poblados por miles de personas que llegaban desde el campo para probar suerte en la capital.

9) Crónica de Natalia Gold, El Observador, 24-6-2018.

10) Idém.

11) Crónica de Pablo Melgar,El País, 24-6-2018.

12) Citada por Uypress, 24-6-2018.

13) F. Engels, "La situación de la clase obrera en Inglaterra", Editorial Esencias, Buenos Aires, 1974.

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